Se acerca el cierre del año 2019 y está próxima a finalizar la concesión de la parte sur de la AP-7 y la AP-4, controladas por la compañía ABERTIS. El Gobierno no tendrá formalizado el contrato con el nuevo gestor a tiempo.
Fomento todavía no ha dado a conocer las condiciones necesarias que se exigen en los cinco concursos en los que fragmentará el mantenimiento (sólo el mantenimiento) de las autopistas y, debido a la situación política que vivimos en la actualidad, parece que va para largo.
El gobierno de Pedro Sánchez decidió que las autopistas de peaje cuya explotación terminase durante su mandato, pasarían a ser gratuitas. El contrato no se renovará y se realizará un concurso exclusivamente para el mantenimiento de las mismas.
La primera fue la AP-1, en enero de 2019, y pese a que en este caso el peaje ya no existe, el concurso todavía no se ha dado por finalizado.
José Luis Ábalos, Ministro en funciones de Fomento, va camino de repetir esta situación con la AP-7 y la AP-4, carreteras que tienen mucha más importancia en cuanto a volúmenes de tráfico.
Los contratos que se acordaron con AUMAR, una de las grandes compañías concesionarias de ABERTIS en España, concluyen en diciembre de este año. Igualmente hablamos de la zona sur de la AP-7, la autopista de peaje más concurrida de nuestro país.
Fomento tomó la decisión de dividir estas autopistas en cinco, en el caso de la AP-7, en 4 en función de sus provincias y por otro lado distinto la AP-4. El Consejo de Ministros aprobó al finalizar el mes de julio su "subasta" del contrato de mantenimiento. Desde esa fecha las empresas interesadas en adquirir la concesión están pendientes y a la espera de recibir los pliegos del concurso.
Nuestra perspectiva en Solvere es que las infraestructuras de un modo o de otro hay que pagarlas, ya que no se pueden mantener sin coste. Independientemente de imponer o suprimir un peaje y dejarlo totalmente gratuito, el coste existirá.
Lo que el Gobierno pretende hacer es acabar con las concesiones y de esta manera encargarse ellos de la gestión directa de las autopistas, subcontratando únicamente una compañía de mantenimiento a la que deberán pagar por sus servicios.
La diferencia para la población es que se pasará al pago indirecto a través de impuestos por parte de todos los contribuyentes, mientras que existiendo peaje lo sufraga directamente el usuario. Las consideraciones sobre una opción u otra son complejas, de tipo político, técnico y económico, y corresponde hacer análisis rigurosos y coherentes con esta realidad compleja, evitando caer en el simplismo del mensaje "se acaban los peajes".
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